La guerra de Israel en Gaza a la luz del Derecho Internacional … – FRANCE 24 Español

El Derecho Internacional Humanitario, conocido como ‘La ley de la guerra’, es un conjunto de leyes internacionales creadas para definir límites a los conflictos armados y con ello proteger a la población civil.

Aunque a lo largo de la historia en distintas culturas ha habido normas para regir la guerra, el Derecho Internacional Humanitario, como idea moderna, surgió tras la brutal batalla de Solferino de 1859, en Lombardía, en el norte de lo que ahora es Italia. Tras la crueldad de esta batalla, se vio la necesidad de crear un organismo neutral que asistiera a los heridos en combate y de allí surgió la Cruz Roja.

Pero también se comenzaron a establecer normas para limitar la guerra en la primera Convención de Ginebra de 1864. Luego en las otras tres Convenciones de Ginebra, así como en los Convenios de La Haya (1899 y 1907), el Estatuto de Roma de 1998 y en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Actualmente no hay un único documento en el derecho internacional que codifique todos los crímenes de guerra, sino varios que se complementan y que los Estados suscriben o no pero sin importar tienen obligaciones en esos límites de la guerra. 

Entre las principales leyes de la guerra está que nunca se debe atacar a los civiles, sus hogares, o los bienes necesarios para que puedan sobrevivir. También está prohibido cualquier trato contra la vida o dignidad de los civiles, como el asesinato, la tortura, el traslado forzoso, el confinamiento ilegal o la toma de rehenes. Los civiles también tienen derecho a recibir la ayuda que les sea necesaria. Así, interferir contra el envío de ayuda humanitaria constituye un crimen de guerra. 

Las leyes del Derecho Internacional Humanitario también comprenden un capítulo respecto al personal médico. La Cruz Roja y la Media Luna Roja fueron creadas para ayudar a los soldados o civiles heridos en un conflicto y por ello está prohibido coaccionar o atentar contra los trabajadores humanitarios. Por ejemplo, ataques a una ambulancia o a personal médico son también atentados contra el DIH. Igualmente dirigir intencionalmente ataques contra infraestructuras sanitarias como hospitales y clínicas. 

De la misma forma, estos tratados establecen que los heridos y enfermos tienen derecho a recibir atención médica independientemente del bando del que formen parte. Respecto a los prisioneros de guerra, se debe respetar su vida y dignidad, así como proporcionarles alimentos y agua. También está prohibida la tortura y los malos tratos a los rehenes o detenidos y está prohibido matar o herir a un combatiente que se haya rendido. 

En cuanto a territorios ocupados, como es el caso del actual conflicto en Gaza, está prohibido que la potencia ocupante traslade directa o indirectamente toda o parte de su población al territorio que ocupa. Y está prohibido utilizar armas que no distingan entre combatientes y civiles, es por ello que está prohibido el uso de armas químicas, como es el caso del fósforo blanco, del que organizaciones como Human Rights Watch han acusado a Israel de usarlo sobre Gaza. 

Todas estas normas se aplican tanto para guerras entre países como para conflictos como el de Israel y Hamás, un grupo armado. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que son violar el DIH, tienen lugar en el contexto de un conflicto armado y la responsabilidad de estos recae contra individuos. Es por ello que en los tribunales pueden ser juzgados tanto los altos mandos que imparten las órdenes, como de aquellos individuos que las ejecutan. 

¿De qué crímenes de guerra se acusa a Hamás?

Desde el 7 de octubre, el grupo islamista ha disparado miles de cohetes contra la población israelí y ese mismo día lanzó una incursión a las aldeas comunitarias israelíes (o kibutz). El ataque por aire y tierra dejó al menos 1.400 personas muertas, la mayoría civiles y entre las cuales hay menores de edad. Tras el ataque de militantes de Hamás, los forenses israelíes dijeron haber detectado signos de tortura en los cuerpos de algunos civiles y pruebas de ejecuciones. Además, el grupo islamista secuestró a más de 200 personas. 

“Por lo que tengo entendido, la mayoría o muchos de estos civiles (que murieron en la incursión de Hamás) ni siquiera murieron en las hostilidades. Ya estaban en poder del grupo palestino y los ejecutaron (…) Siempre es una violación del derecho humanitario y un crimen de guerra ejecutar prisioneros o personas que están en su poder”, dijo a ‘The New Humanitarian’ Marco Sassòli, experto en derecho internacional de la Universidad de Ginebra.

Hamás ha rechazado haber asesinado niños y asegura que sus ataques se centraron en instalaciones de seguridad israelíes. Una versión rechazada por Israel, que lo acusa de atacar directamente a su población, por ejemplo la violencia extrema en los kibutz o en el Festival de música electrónica Tribu of Nova en el que al menos 260 civiles murieron.

¿De qué crímenes de guerra se acusa a Israel?

Tras el ataque de Hamás, muchos han defendido el derecho de Israel a defenderse, un derecho recogido por el artículo 51 de la Carta de la Naciones Unidas, que plasma el “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro” de la ONU. 

En medio de lo que Tel Aviv y sus aliados llaman defensa, el Ejército israelí ha bombardeado Gaza, ha invadido extensos terrenos de la Franja hasta dividirla en dos, ha matado con sus bombardeos a al menos 10.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, la mayoría de las cuales menores de edad. Y desde el inicio de la guerra ha reiterado llamados a los ciudadanos del norte de Gaza a “evacuar” la ciudad de Gaza, advirtiendo de una ofensiva terrestre -ya iniciada- que ha tornado aún más extrema la situación a una población que ya era refugiada. 

Israel es acusado de violar el Derecho Internacional Humanitario por múltiples voces. Amnistía Internacional ha afirmado tener “pruebas irrefutables de crímenes de guerra en la campaña de bombardeos israelí”. Otras ONG se manifiestan en la misma línea. “La exigencia del Ejército israelí de que 1,2 millones de civiles del norte de Gaza se reubiquen en el sur en un plazo de 24 horas, sin ninguna garantía de seguridad o retorno, equivaldría al crimen de guerra de traslado forzoso”, dijo el Consejo Noruego de Refugiados. 

Israel también ha bloqueado la entrega de agua, alimentos, electricidad y combustible al enclave y camiones de ayuda humanitaria para los gazatíes. Por todo ello, desde la Autoridad Nacional Palestina y la administración gazatí, controlada por Hamás, acusan a Israel de estar llevando a cabo una “limpieza étnica” y “traslados forzosos” y han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investigue. 

Otro punto que ha sido cuestionado en este conflicto es la proporcionalidad en la respuesta israelí. “Las guerras son entre dos ejércitos, esta es una guerra unilateral. Una guerra con aviones y tanques de artillería que simplemente lanzan sus bombas masivamente contra Gaza”, se ha quejado Riad al Malki, ministro palestino de Exteriores.

Israel tiene uno de los Ejércitos más poderosos del mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Israel gastó 23.000 millones de dólares en defensa en 2022 y la ferocidad contra la que libra sus ataques, que asegura están destinados a acabar con Hamás, está siendo altamente cuestionada.

“En la medida que fue sucediendo la legítima defensa ya pasó a ser una represalia y lo que estamos viendo por estos días ya es una especie de venganza del lado de Israel”, asegura Javier Ruiz, especialista en derecho internacional y counsel de la Defensa de la Corte Penal Internacional a France 24. 

¿Dónde se libran los procesos por crímenes de guerra?

Fundada en el año 2002, la Corte Penal Internacional es el principal organismo encargado de exigir responsabilidades por crímenes de guerra. Ya en 2021, este tribunal con sede en La Haya anunció que iniciaba una investigación por crímenes en los Territorios Palestinos tanto contra Israel como contra Hamás.

Israel y su más cercano aliado, Estados Unidos, rechazaron el dictamen y Tel Aviv se negó a cooperar con el fiscal a cargo del caso. “La Corte Penal Internacional de La Haya, parcial, ha tomado una decisión que es la esencia misma del antisemitismo y la hipocresía”, dijo entonces el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Israel, al igual que países como EE. UU. Rusia o China, no han firmado el Estatuto de Roma, documento constituyente de esta corte.

La principal limitación de la CPI es que su jurisdicción solo puede ser aplicada a los países firmantes del Estatuto de Roma y solamente puede juzgar a personas de estos países y crímenes cometidos dentro de los límites de sus fronteras. En cuanto a los territorios palestinos, estos sí ratificaron en 2015 el Estatuto de Roma y es por ello que han podido denunciar a Israel ante el tribunal.

A pesar de los pedidos de investigación de los crímenes de guerra, incluso los expertos al respecto reconocen que se trata de un proceso difícil, largo y laborioso. Las decisiones suelen tardar décadas en llegar. “El problema de la Justicia internacional es que es extremadamente lenta y la gran ventaja es que es extremadamente paciente”, dice Johann Soufi, exjefe de la oficina jurídica de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA. 

Algunos expertos también consideran que existe un doble rasero respecto a la comunidad internacional y la voluntad política para investigar ciertos crímenes. Por ejemplo en 2022, cuando Ucrania denunció a Rusia por crímenes de guerra ante la CPI. Esta no tardó más de un año en emitir una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. “Debo señalar simplemente que el fiscal (de la CPI) fue muy rápido en lo que respecta a Ucrania. Por otro lado, desde 2015, cuando lanzó un examen preliminar sobre Israel y Palestina, no hemos visto ningún resultado”, agregó Sassòli ante ‘The New Humanitarian’.

Las denuncias de “genocidio” se multiplican

Ante las cifras que semana tras semana suman miles de muertos en el conflicto, las voces que denuncian un “genocidio” -descrito por Naciones Unidas como “un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” que “puede cometerse tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz”- también se multiplican. 

Pancartas gigantes con este mensaje se han visto en ciudades como Washington, Londres o París. El jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, lo denunciaba en persona al jefe de la diplomacia estadounidense en una visita fugaz a Cisjordania el pasado fin de semana, e incluso días atrás lo hizo Craig Mokhiber, responsable de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York (ACNUDH) en su carta de renuncia a la ONU. Mokhiber, quien vivió y trabajó en los Territorios Palestinos durante años, dijo en su misiva para dejar el cargo que la organización está fracasando “una vez más” al no poder prevenir al mundo de otro “genodicio”. 

Javier Ruiz concuerda en que “ya hay un intento de genocidio” en los ataques israelíes. El experto en derecho internacional va un paso más allá, e indica que Israel podría ser llamado a rendir cuentas por este crimen ante la Corte Internacional de Justicia, aunque Israel no reconoce la autoridad de la CPI. 

“Tenemos el precedente. Esta misma situación llevó a Bosnia Herzegovina a demandar a Serbia en el año 2007 y a haber ganado un juicio internacional”, dice Ruiz, quien asegura que “en la Corte Internacional de Justicia” lo que ocurre en Gaza “ya sería un genocidio”. El experto también indica que juzgar este crimen en la CPI sería más difícil, tanto porque Israel no la reconoce, como porque el Estatuto de Roma determina que se debe probar la intencionalidad de los actos “lo que es difícil de probar es la intención de megadelito”, dice. 

Lo que ocurre en este caso es uno de los mayores problemas no solamente del Estatuto de Roma sino en general para el Derecho Internacional Humanitario. Es difícil probar los crímenes de guerra porque los Estados no han firmado compromisos de transparencia y por ello no están obligados a dar explicaciones sobre sus acciones militares. Por consiguiente, es también difícil determinar y comprobar si los ataques a la población civil fueron calculados.

Así las cosas, aunque los convenios internacionales actuales fueron creados para proteger a los civiles y poner límites a la barbarie de la guerra, todavía tienen muchos vacíos que los que empuñan las armas y lanzan las bombas usan como trinchera. Y aunque la Justicia internacional tenga tiempo para encontrar culpables y responsables, la población civil en medio del conflicto se juega la vida cada minuto.