Paradojas de la amnistía. El más inmediatamente beneficiado por la futura Ley será Carles Puigdemont, a quien ya no le espera la cárcel si, una vez promulgada, vuelve a España.
Decaiga o no la Orden Nacional de Detención que pesa contra el líder de Junts, es altamente improbable que, de presentarse en España, el Supremo le envíe a prisión preventiva acusado de unos hechos que han sido amnistiados, por más que la decisión de aplicarle la medida de gracia esté pendiente de la última palabra del TC.
En la misma situación están los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, que como Puigdemont fueron procesados en rebeldía al hallarse fuera de España, y no afrontaron la investigación y el juicio junto a sus compañeros del Gobierno de la Generalitat.
Sin embargo, los beneficios de la amnistía pueden demorarse algo más en el caso de los nueve condenados a penas de cárcel, conocidos como los “presos del procès”. Se trata del líder de ERC Oriol Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los dirigentes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En junio de 2021, todos ellos recuperaron su libertad como consecuencia del indulto parcial concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que les perdonaba la pena de prisión que les quedaba por cumplir pero no la inhabilitación para cargo público.
Beneficios inmediatos para Puigdemont
Dado que Puigdemont no ha llegado a ser juzgado ni condenado y que no pesa sobre él ninguna pena de inhabilitación, los beneficios para él serán inmediatos, mientras queOriol Junqueras tendrá que esperar para lograr la bendición penal que le permita presentarse a unas elecciones. El futuro del líder de ERC, cuya inhabilitación vence en julio de 2031, está condicionado, al igual que el resto de condenados, por el plazo temporal que transcurra hasta que le sea aplicada la amnistía por parte del Tribunal Supremo, que con carácter previo elevará al TC una cuestión de inconstitucionalidad, lo que deja en manos del órgano de garantías la última palabra sobre el cómo y el cuándo de la amnistía.
Y es que a partir de ahora son los jueces los que deben proceder a archivar y decretar la extinción de la responsabilidad penal de los agraciados, o bien dejar su decisión en suspenso y dirigirse al Tribunal Constitucional o al TJUE para formularles sus dudas acerca del encaje de la Ley de Amnistía en la Carta Magna y en la normativa comunitaria.
De esta forma, en términos temporales, unas y otras causas correrán diversa suerte en función del criterio del juez que haya de decidir.
En todo caso, y si el TC bendice la constitucionalidad de la norma, el archivo y olvido penal será el destino final de todas las causas.
La Ley de la amnistía prevé amnistiar a más de 300 procesados e imputados en relación con las consultas ilegales del 9-N y el 1-O.
