Las guerras, los conflictos armados y los actos terroristas dañan cada día más a la población civil a la que, por más leyes de guerra que se firmen y confirmen, no respetan ni las bombas, ni las armas ni la crueldad de los agresores. En estos contextos, niñas y mujeres están más expuestas a sufrir, además de violencia extrema generalizada, la violencia sexual que se ensaña contra ellas por el hecho de ser niñas y mujeres. En un reciente reporte sobre violencia sexual en contextos de conflicto armado, publicado por el Secretario de Naciones Unidas (junio 2023), que expone, entre otras, atrocidades cometidas en Mali, Sudán, República Democrática del Congo, Myanmar, Haití, Ucrania, se hace evidente que las violaciones masivas, la prostitución forzada, la trata y otras formas de violencia sexual son de las armas más crueles, menos castigadas y que más secuelas dejan.
La falta de castigo a estas violencias, perpetradas desde la Antigüedad, no se debe a falta de leyes o acuerdos internacionales. Por lo menos desde finales del siglo XIX existía legislación que invocaba el respeto a la familia (y su “honor”), substituida en el siglo XX por sucesivas normas y sentencias derivadas de la II guerra mundial (Convención de Ginebra IV, sobre protección de civiles),de la guerra en los Balcanes y el genocidio en Ruanda (Tribunales especiales para Yugoslavia y Ruanda en los años 90), el Estatuto de Roma y los Principios de la Haya, en cuya elaboración y revisión fue decisiva la participación de mujeres especialistas en violencia de género para especificar y ampliar la definición de violencia sexual dentro del marco conceptual y legal de crímenes de guerra y contra la humanidad. Naciones Unidas, a su vez, emitió las resoluciones 1325, que hace responsables a los Estados de castigar estos crímenes, y 1820, que reconoce el uso de esta violencia como táctica de guerra, que atenta contra la paz y la seguridad.
Si la guerra en los Balcanes y el genocidio en Ruanda en los años 90 le recordaron al mundo en todo su horror el recurso a la violación y a la violencia sexual como arma de guerra, cuya destructividad ya se había hecho evidente en la campaña genocida en Guatemala y el conflicto armado en Perú, las violaciones individuales y tumultuarias perpetradas por terroristas de Hamas contra niñas y mujeres en Israel el 7 de octubre se suman a las atrocidades cometidas por otros grupos terroristas, pandillas (Haití), tropas oficiales o mercenarias, ya documentadas por Naciones Unidas, para exigirnos una movilización social más activa contra la violencia machista en nuestros propios países y en cualquier lugar del mundo desgarrado en que vivimos.
En el ámbito formal, está ya en proceso un Tribunal especial para Ucrania, donde se han denunciado desde 2022 crímenes sexuales cometidos por las fuerzas rusas, y algunos combatientes ucranianos, además de desplazamiento forzado y otros crímenes de guerra, que deberían llegar a la Corte Penal Internacional. En el caso de Israel, la ONG Physicians for Human Rights Israel acaba de publicar un detallado reporte basado en testimonios de sobrevivientes que atestiguaron estos crímenes, reportes de personal de seguridad y de emergencia, y evidencia audiovisual que circuló en redes, que podría servir para una investigación de estas violencias como crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (de la que Israel no forma parte). Aunque estas iniciativas tienen un alcance limitado ya que la tasa de castigo de los tribunales internacionales es mínima, permiten visibilizar y denunciar estas violencias.
No obstante, la dificultad de hablar y denunciar la violencia sexual en un mundo patriarcal, es preciso nombrarla y reconocerla, más allá de ideologías o gobiernos. Si queremos justicia para las mujeres en Israel, Siria, Irak, Haití, Palestina o México, es necesario hablar y actuar por la justicia y la paz para todas.
