Los silencios a menudo dicen más que las palabras. Una prueba está en la elusión presidencial a cuestionar, desde el inicio, el asedio en contra del proceso democrático y los resultados electorales emprendido por el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras. Primero fue un caso que no rindió los resultados esperados pero generó enorme desgaste por los endebles argumentos de la denuncia que le dio origen. Hubo un conteo de papeletas, negado al inicio pero evidenciado en un video; después vino el inusitado secuestro de actas electorales con lujo de fuerza y una exhibición desproporcionada de armas de alto poder.
Otras fiscalías, el propio Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) extemporánea avalaron o dieron trámite a procesos que no pretenderían socavar la entrega del poder al binomio presidencial electo, pero cuyos vectores convergen hacia un vértice inédito y sin precedente legal. Basta ver la prisa malsana del oficialismo legislativo, impulsada por adláteres, sobre las comisiones pesquisidoras, para tener listos para mañana dictámenes de retiros de antejuicio que no han llevado el debido proceso ni una metodología seria, pero sí denuncias de presiones por parte del presidente de una de ellas.
El teatro negro de Praga es esa modalidad escénica en la cual se mueven figuras fluorescentes para que aparenten fluir, volar y comportarse de manera independiente, pero que en realidad están sujetadas por actores oscuros que mueven las piezas para presentar una narrativa inverosímil. El problema es que a este teatro negro se les ve a los actores cada vez con más claridad, y por ello Estados Unidos ya ha emitido sanciones contra varias figuras antidemocráticas.
Deslices verbales, testigos mal adiestrados, falta de pruebas, acoso al derecho de libre expresión y otras inconstitucionalidades son cada vez más evidentes debido a la precipitación y a la inconsecuencia ontológica de las falacias esgrimidas. Mientras tanto, el reclamo de respeto a la democracia, al estado de Derecho y a los resultados electorales se mantiene incólume y unánime entre la ciudadanía, empresariado, universidades, institutos de análisis económico y social, profesionales agremiados —a excepción del Colegio de Abogados, que parece no existir—, prensa independiente y Conferencia Episcopal. Es necesario destacar el silencio de los partidos políticos y expresidenciables perdedores, lo cual también dice mucho.
La comunidad internacional respalda la decisión ciudadana debidamente auditada por misiones de observación nacionales e internacionales, y oficializada por la autoridad electoral legítima. La visita de Philip Gordon, asesor especial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es un gesto diplomático de acercamiento en favor de la continuidad de la transición. El Ejecutivo recibió la visita con afabilidad, pero a 46 días de su final las incógnitas siguen en el Congreso, en la nueva CSJ y en la Corte de Constitucionalidad, que debe resolver un amparo pendiente.
El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Bryan Nichols, se coordina con el subsecretario general de la ONU, Miroslav Jenca, para dar acompañamiento al proceso democrático del país. En el 2020, en los primeros días de gobierno, Alejandro Giammattei recibió a Jenca, a quien dijo que se abría una nueva era de relaciones entre Guatemala y la ONU. Por su parte, el entonces presidente del Congreso, Allan Rodríguez, le aseguró el respeto a la ciudadanía. Está por verse si es cierto o si solo eran figuras fluorescentes.
