Con casi medio siglo de vida, la mayoría de los ciudadanos cree que la Constitución de 1978 ha sido positiva para España. Con todo, y pese a la llamada de algunos líderes políticos a que se salga a la calle en estos primeros días de diciembre para defender la Constitución, lo cierto es que hoy en nuestro país son muy pocas las personas que quieren mantener la Ley Fundamental tal y como está. Esta es una de las conclusiones que se extrae de la nueva entrega del Barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER: sólo dos de cada diez entrevistados/as se muestran inmovilistas, mientras que la mayoría de ellos/as son partidarios/as de reformas ligeras (cuatro de cada diez), profundas (dos de cada diez) o incluso de elaborar un nuevo texto constitucional (uno de cada diez).
La voluntad de reforma constitucional es llamativamente trasversal en la sociedad española. No hay diferencias ni por género, ni por tamaño de hábitat, ni por clase social, ni por nivel educativo, ni por capacidad económica. Más sorprendente aún son las escasas divergencias entre comunidades autónomas: como cabría esperar, los más favorables al statu quo son los madrileños y los andaluces, pero sólo piensa así uno de cada cuatro. En el otro extremo, solo alrededor de uno de cada diez catalanes y vascos se muestran contrarios a una reforma. Únicamente la edad, el voto y la ideología discriminan a la población, pero no hay ningún grupo etario ni de votantes que no se posicione a favor de introducir cambios en la Constitución. Lógicamente, el inmovilismo apenas tiene presencia entre los más jóvenes (uno de cada diez), frente a un tercio entre los mayores de 64 años. Igualmente, los votantes del PP y de Vox son más partidarios de mantener la Ley Fundamental, pero la mayoría de ellos también quiere reformas. En este mismo sentido, los ciudadanos ideológicamente de derechas son considerablemente más propensos a querer conservar la Constitución que los de izquierdas (cuatro de cada diez lo son en la derecha, frente a solo uno de diez en la izquierda), aunque de nuevo son más los que se decantan por el cambio. Las personas de bajo perfil político, centristas y moderados, tampoco se muestran inmovilistas (sólo lo hacen dos de cada diez).
Además de la voluntad de renovación de la Constitución, el estudio revela cierto consenso con respecto a los cambios que la sociedad querría que se abordasen en un proceso de reforma. Entre ellos, hay dos asignaturas pendientes, visibles en el debate público desde hace años: por un lado, cambiar el orden de sucesión de la corona para que los herederos al trono varones no tengan preferencia sobre las mujeres y, por otro, la conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial. La sociedad es también partidaria de que se aborden nuevas asignaturas, como la introducción de derechos digitales, la protección de bienes comunes (agua, energía…), garantizando el acceso a ellos de forma sostenible y la opción de que la ciudadanía, a través de un proceso de recogida de firmas, pueda impulsar un referéndum obligatorio.
El escepticismo con respecto a la posibilidad de reforma constitucional, sin embargo, también está trasversalmente extendido en la sociedad española. La mayoría (incluso en la derecha) no cree que la Ley Fundamental vaya a ser reformada. Y la mayoría (incluso en la derecha) piensa que de todos los partidos con grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, sólo dos no son partidarios de esa reforma, PP y Vox.
En suma, son muy pocos los ciudadanos que quieren mantener intacta la Constitución de 1978. En esta semana de aniversario constitucional, el asunto concreto de la amnistía, sin duda con más detractores que partidarios, no debería sin embargo tapar el deseo mayoritario de adaptar las reglas constitucionales a los valores y retos de la sociedad en la que vivimos.
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