A despecho de la independencia de Poderes que debe privar en toda democracia liberal como la nuestra, el Presidente López Obrador ha sido claro: quiere ministros de la Suprema Corte afines a su movimiento político.
Dos “le salieron mal” en el pasado y no quiere volver a “equivocarse”, por lo que, ante la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, propuso originalmente a tres mujeres identificadas con Morena.
Originalmente enlistó a Bertha Alcalde, Lenia Batres y a María Elena Ríos, su Consejera Jurídica, quienes no alcanzaron los votos suficientes en el Senado para ser aprobadas. En una segunda terna mantuvo a Alcalde y Batres, pero incluyó a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, quien tiene un perfil mucho menos político y más identificado con la causa de los derechos humanos en el país.
Cuando se supo de su propuesta hasta parecía un error. De pronto apareció una candidata bastante presentable, contrastante con la trayectoria militante de las otros dos damas, respetables también, pero poco útiles para efectos de la independencia de Poderes.
Eréndira Cruzvillegas tiene trayectoria propia en el área de litigio en materia de derechos humanos desde hace muchos años, cuando empezó como directora de CENCOS en los años 90 y desde esa época se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos.
No proviene de alguna familia con hermanos en altos cargos públicos ni forma parte de ninguna élite, es una abogada experta en derecho constitucional y derechos humanos que se ha construido a sí misma.
No es militante ni dirigente de ningún partido político, de ahí que ha trabajado con todas las expresiones políticas, incluyendo la 4T.
Durante su trayectoria Eréndira no se ha guiado por filias o fobias partidistas o ideológicas, sino por el cumplimiento de la Constitución y las leyes con una perspectiva de derechos humanos.
En tal escenario, Eréndira es el único perfil que pudiera concitar la mayoría calificada en el Senado de la República el próximo miércoles 13 de diciembre, cuando se vote de nuevo el tema en el Senado, sobre todo por su trayectoria especializada, ajena a la vida partidista.
Contra lo que pudiera suponerse, nos aseguran que el presidente López Obrador no ha dado ninguna orden o sugerencia para que los senadores de Morena opten por alguien en especial de la nueva terna de propuestas para integrar la SCJN. Confiado incluso en que si le vuelven a rechazar su terna por segunda ocasión, él tiene la facultad de nombrar a quien se le dé la gana.
Aun así, bastante bien le haría a la paz pública y a la democracia que se votara por un perfil como el de Eréndira, con altas probabilidades de ser justa en sus resoluciones, sean o no del agrado del jefe del Poder Ejecutivo.
El presidente está enfrentado con la Corte porque ésta ha votado conforme al marco constitucional vigente, no porque los ministros sean corruptos, sino porque el texto constitucional actual fue diseñado por quienes enarbolaban un proyecto político distinto al de Morena.
El problema para López Obrador no deberían ser los ministros sino la Constitución. Lo sabe y por eso ha llamado a que su movimiento tenga mayoría absoluta en el próximo Congreso de la Unión, para conseguir los cambios constitucionales deseados por él.
Por supuesto, para apuntalar su propósito, usa la narrativa maniquea que le caracteriza para reducir como seres malvados a quienes representan contrapesos al poder presidencial: ministros, oposición, INAI, prensa, cualquiera que disienta, así sea mínimamente, con su proyecto político.
