Nueva denuncia a Mercedes-Benz por sus diésel. Estas son las consecuencias – Motor16

El fabricante automovilístico alemán Mercedes-Benz ha anunciado que convocará a revisión a varios modelos con motor diésel de las normativas Euro 5 y Euro 6b, con el fin de realizar una actualización de software, en respuesta a nuevas acusaciones de presunto uso de tecnología de emisiones ilegal.

Según la agencia de noticias alemana Dpa, se estima que la cantidad de vehículos afectados alcanzará las seis cifras, y la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA) de Alemania ha emitido la notificación. La firma ha confirmado que al menos 100.000 vehículos diésel deberán someterse a revisión en Alemania.

La convocatoria a revisión está relacionada con las denominadas ‘ventanas térmicas’, un mecanismo utilizado también por otros fabricantes. Esta tecnología quema parte de los gases de escape directamente en el motor para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno tóxicos. Varios fabricantes aseguran que este mecanismo se ralentiza automáticamente según la temperatura exterior para proteger el motor.

No es la primera vez que Mercedes-Benz se enfrenta a una demanda similar

En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirmó que un software que permite mayores emisiones contaminantes durante gran parte del año es inaceptable. Los jueces europeos sostuvieron que las ‘ventanas térmicas’ son legales solo si no hay otra solución para evitar riesgos.

Los reguladores de la KBA alemana han solicitado a Mercedes-Benz que ajuste las calibraciones de las unidades de control del motor de ciertos vehículos a la luz de esta sentencia, según informó una portavoz de Mercedes-Benz a Dpa.

«Hasta la sentencia del TJCE, las autoridades europeas consideraban permisibles esos controles de temperatura para la recirculación de los gases de escape», añadió la portavoz.

En septiembre, un grupo de inversores demandó a Mercedes-Benz por no haberles informado a tiempo sobre el escándalo conocido como ‘dieselgate’, reclamando a la empresa unos 900 millones de euros por daños y perjuicios.