El Gobierno nacional ataca a la cultura: desfinancia el cine, teatro y música | El Corredor Noticias

Este miércoles fue enviado al Congreso la “ley ómnibus” por parte del presidente Javier Milei. Esta incluye una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine, dispone el cierre del Instituto Nacional del Teatro y también una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música, entre otras medidas contra la cultura nacional.

El proyecto de ley propone la eliminación del financiamiento que el INCAA obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.

Si bien la iniciativa no suprime el propósito de fomento de la actividad cinematográfica, el nuevo texto postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará “con un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen”, como ya existe, y “con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”.

Esta propuesta de reforma resulta particularmente importante para la comunidad cinematográfica, que venía discutiendo, justamente en el ámbito del Congreso de la Nación, un proyecto de ley para extender la base impositiva a las plataformas de streaming. Sin embargo, en el nuevo texto, que además modifica la estructura funcional del Incaa (reestructura las funciones de la Asamblea y el Consejo Asesor), no sólo no amplía la base de tributación sino que elimina esta fuente de financiamiento.

Por otra parte, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo postula la derogación de la Ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza “el apoyo del Estado”. La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el Instituto Nacional del Teatro, que desaparece en el nuevo texto postulado. De acuerdo con el proyecto a debatirse, “se procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo”.

También el proyecto de ley del Poder Ejecutivo avanza sobre el financiamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu), creado en 2012 a través de la Ley 26.801. Del mismo modo que con el Incaa, el proyecto propone la supresión del financiamiento fijo derivado de la carga impositiva prevista en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 25 del texto propuesto dispone: “Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”.

El proyecto de ley del Ejecutivo estipula el cierre del Fondo Nacional de las Artes

El proyecto de enviado al Congreso, impulsa derogar la creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado por el decreto-ley 1224 en 1958. El artículo 50 establece que el Poder Ejecutivo “procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”.

A lo largo de sus 63 años de historia, músicos, plásticos, cineastas, actores, fotógrafos, escritores, bailarines, artesanos, arquitectos y diseñadores encontraron en el Fondo un espacio de promoción a través de becas, préstamos o premios. Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Leonardo Favio, Alejandra Pizarnik, Ricardo Piglia, Josefina Robirosa y Martín Kohan, fueron algunos de los artistas que formaron parte de los proyectos del Fondo.

Libreros, editores y otros actores del sector editorial rechazan que se derogue la Ley del Libro

Entre otras propuestas de su articulado, la ley ómnibus deroga la Ley del Libro, que es modelo en la región y que establece el precio único de venta al público (PVP) para las publicaciones, una medida que impactará directamente en la industria editorial, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes. “Es falso que esto vaya a hacer que el precio del libro baje”, coincidieron los referentes del sector editorial consultados por Télam.

Con un enorme impacto en redes sociales y especialmente dentro del ecosistema literario, se conoció hoy el artículo 60 del capítulo I, dentro del título III “Reorganización económica”, que deroga la Ley Nacional 25.542 que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que publican y que eso debe respetarse en todos los puntos de venta.

“En el marco de esta ley no solamente han surgido infinidad de editoriales que aportan a la bibliodiversidad y convierten a la Argentina en un modelo de habla hispana, sino que además se profesionalizó la logística y se gestó la FED, entre tantas otras cosas. En el marco de esta ley la industria del libro pudo crecer no solamente a nivel interno sino también a nivel externo”, explicó a Télam Cecilia Fanti, librera y escritora.

Las fuentes consultadas afirman que la ley protege la competencia entre librerías en la medida que garantiza calidad en la atención al público y evita que las cadenas, según el poder económico y de compra que tengan, puedan ofrecer distintos descuentos arbitrarios.