Disco duro / El crimen ya comenzó a votar – El Sol de México

En la elección federal de 2021 fueron asesinados 102 pre candidatos y candidatos de todos los partidos políticos con registro, a lo largo y ancho del país. En el actual proceso electoral van diez candidatos ultimados.

El ciclo negro comenzó el 21de diciembre con el asesinato de Ricardo Taja Ramírez, quien aspiraba a ser diputado federal por Morena en Guerrero. Le siguió Alfredo Giovanni Lezama Barrera, quien era regidor de Cuautla por el PAN y aspiraba a ser diputado local por el mismo.

David Rey González Moreno, se desempeñaba como presidente de la Unión de Ejidos y aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México (FAM), coalición conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.

Sergio Hueso, se estaba postulando a la presidencia municipal de Armería, Colima, por Movimiento Ciudadano (MC). Miriam Ríos era comisionada municipal de Jacona, Michoacán, y militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) así como activista del colectivo LGBT+, pues era una mujer transgénero.

Samantha Gómez Fonseca, también activista transgénero en la Ciudad de México y realizaba labor social dentro de los centros penitenciarios capitalinos, era aspirante a una precandidatura al Senado por Morena y había sido amenazada por grupos criminales que supuestamente controlan las cárceles locales.

Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano, matrimonio que fue hallado sin vida dentro de su camioneta sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en el estado de Guerrero. Él era aspirante a la alcaldía de Atlixac, y su esposa Guadalupe era consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, quien todavía no tenía postulación concreta pero que trabaja en ello.

Y apenas el jueves pasado fue asesinado el precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco, Jaime Vera Alanís.

Tan grave es el problema de la inseguridad en el país y tan controlado territorio tienen los criminales, que Movimiento Ciudadano (MC) sólo postulará 64 candidatos a presidencias municipales en Guerrero, estado que cuenta con 84 municipios, debido a las condiciones de riesgo e inseguridad en el estado, según lo dicho por el coordinador operativo estatal de este instituto político, Julián López Galeana.

Es decir, el crimen organizado ya comenzó a “vetar” candidatos, en función de su obediencia o no a las reglas de la criminalidad, lo cual es grave y mina las bases mismas de la democracia. Por desgracia, ante ese embate, el gobierno federal cierra los ojos y asegura que todo está bien, que los índices de violencia y delitos van a la baja, que los delitos ya no son un problema para los mexicanos.

Dichas declaraciones van a contrapelo de lo que vive la ciudadanía de manera cotidiana: alza en extorsiones, en derecho de piso, en robo a transportistas, y ahora, en el asesinato de candidatos que ya se ha vuelto usual cada tres años.

Cualquier vida es importante y no debería ser asesinada, pero cuando además hablamos de que municipios y alcaldías están siendo tomadas por los delincuentes, que ponen y quitan candidatos afines a sus intereses, estamos hablando de un cáncer de la democracia y la representación política que al extenderse hará que no haya ninguna posibilidad de reversión en el corto plazo.

Tal vez el caso más descarado hace tres años fue el de Zudikey Rodríguez, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, en el Estado de México, que fue amenazada para retirarse de la contienda y dejar el camino libre a su rival de Morena, Michelle Núñez. Autoridades así electas carecen de legitimidad de origen.

Van nueve asesinados y todavía no comienza la campaña formal. ¿Llegaremos a más de 100 como auguran analistas como Rubén Aguilar? Esperemos que no. Urge conocer el plan de protección electoral 2024 para evitar ese baño de sangre.