El caso Koldo, un episodio de corrupción deplorable pero de impacto aparentemente limitado, ha eclipsado por unos días el gran debate de la presente legislatura: la ley de amnistía para todos los encausados por el procés, que este jueves ha sido aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso. Como país incardinado en la Unión Europea, España comparte los grandes retos globales (la amenaza de Rusia, el auge de la polarización o el impacto de los avances tecnológicos), pero tiene en el encaje territorial de Cataluña un problema interno de primer orden que, recurriendo a la tesis orteguiana, “no se puede resolver, solo se puede conllevar”.
La ley de amnistía es la principal herramienta que el PSOE y sus aliados esgrimen para conllevar la demencial intentona secesionista que emprendieron Junts y ERC en 2017 y los disturbios que se produjeron en Cataluña en 2019 tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los principales responsables del procés. No así a Carles Puigdemont, quien logró escapar de la acción de la justicia con su huida a Bélgica. El problema irresoluble de la iniciativa es que su origen no es consecuencia de un proceso de convicción de los socialistas sino de la necesidad que tienen de los siete votos de Junts para seguir gobernando tras las elecciones del pasado 23 de julio.
Este hecho ha propiciado que la tramitación de la norma haya tenido episodios rocambolescos, en la que los políticos que promueven la ley y algunos jueces han practicado un juego de pillos. El PSOE y sus socios han hecho piruetas, con enmiendas ad hominem, para esquivar la acusación de terrorismo contra Puigdemont, mientras que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y los magistrados del Tribunal Supremo han hecho ejercicios de contorsionismo para que al expresidente catalán le encaje a medida el traje de terrorista. Y si el problema de origen de la ley es el oportunismo político, el problema de origen del caso abierto en el Supremo es el oportunismo judicial: el juez descubrió en noviembre de 2023 que tras los disturbios de 2019 estaba Puigdemont, a quien no había señalado en los cuatro años de instrucción del caso Tsunami Democràtic y cuando la amnistía ya estaba sobre la mesa.
El pacto sobre la amnistía ha desatado la euforia en PSOE y Junts, excesiva a la vista del horizonte político y judicial que aún queda por recorrer. Los socialistas ven encauzada la legislatura a falta de los Presupuestos, mientras que Junts puede vender a su parroquia que ha logrado un triunfo rotundo al conseguir cambios en la ley como la eliminación de la alusión al Código Penal, aunque el efecto práctico de esta modificación es limitado, ya que los jueces seguirán siendo quienes decidan su aplicación.
El acuerdo definitivo tiene la ventaja de que ya se conoce hasta qué punto está dispuesto a llegar el PSOE para que la amnistía prospere. Si lo consigue, como parece, la tentación que tendrá será continuar con una legislatura que ha empezado con ruido y furia, una dinámica difícil de modificar. Si por cualquier razón la ley y la legislatura descarrilan, sería deseable que en las próximas elecciones cada partido llevase en su programa electoral de forma nítida su propuesta para el conflicto catalán. Se supone que el PSOE defendería sin tapujos, y sin pecado original, la amnistía. Y sería una buena oportunidad para que el PP aclarase de una vez si su única receta es la acción de la justicia y la hipérbole divisiva o si contempla, como pareció en la campaña gallega, otras alternativas a un problema que es, esencialmente, político. Enrocarse o conllevar.
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