En los últimos años ha sido evidente el sesgo de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y TV, excluye televisión de paga e internet) en favor del actual gobierno. Ello queda claro por su acrítica difusión de los dichos presidenciales en la conferencia matutina y escasa difusión a posicionamientos de partidos de oposición, así como renuencia a replicar investigaciones sobre corrupción gubernamental no obstante su obvio valor periodístico.
En pocos medios es tan evidente tal sesgo como en los canales de televisión abierta. Sus noticieros se han convertido en foros para la lectura de comunicados sobre el clima, las últimas masacres, problemas viales o fugas de agua en colonias alejadas.
En efecto, es patente que, con excepción de algunos programas de debate, los canales de televisión abierta han dejado mayormente de brindar información fidedigna y análisis sobre temas políticos del momento. Tal actitud marca un contraste evidente a lo que vimos en sexenios pasados. ¡Qué diferencia a cuando difundieron investigaciones periodísticas de vanguardia como, por ejemplo, la “Casa Blanca” de Peña Nieto! ¿Por qué no han transmitido nada sobre la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán?
Se puede tratar de refutar este argumento diciendo que existe vasta información disponible en medios de internet y televisión de paga, en los que profusamente se ofrecen comentarios desde distintos ámbitos del espectro político. Sin duda, en redes sociales hay excelente periodismo de investigación y analistas, especialmente en YouTube y X (antes Twitter), quienes discurren con total libertad sobre los acontecimientos más relevantes.
El hecho, sin embargo, es que la televisión abierta sigue siendo la principal fuente de noticias para la mayoría de los mexicanos. Según el Ifetel (Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023), 53 % de los hogares sólo cuentan con señal de televisión abierta, es decir, no tienen acceso a programación por cable. Más aún, los contenidos más vistos en tal medio son noticias con 49 %, seguido de películas (47 %) y telenovelas (36 %). Y eso no es todo: incluso cuando hay televisión de paga, los canales preferidos son los tradicionales. En cuanto a consumo de contenido por internet, sólo 18 % lo usan como fuente de noticias.
Estamos, pues, ante un caso claro de autocensura que se explica por presiones del gobierno para apuntalar la popularidad presidencial. Seguramente entraron en juego amenazas de cancelar concesiones o, alternativamente, promesas de otorgar publicidad y condonaciones de impuestos. Otro factor explicativo fue la decisión del presidente López Obrador al inicio del sexenio de devolver tiempos de publicidad oficial a compañías de radio y televisión (algo raro en él dada su tradicional desconfianza de empresas privadas). Es verdad que a veces algunos medios han llegado a generar críticas parciales al gobierno; sin embargo, esto sólo lo han hecho a manera de presión sin llegar a rompimiento total.
Así, el control sobre los medios por parte del actual gobierno es algo no visto desde los tiempos del partido único. Recordemos que entonces líderes opositores como Manuel Clouthier iniciaron una campaña de resistencia civil para presionar a los principales noticieros a abrirse a voces discordantes. Aun cuando debido al inicio de la campaña electoral los candidatos de oposición han podido aumentar su presencia en televisión por medio de spots, es evidente que aún persiste un cerco informativo en los principales noticieros.
Cabe destacar que la televisión y la radio operan como concesiones del Estado. Es decir, se trata de entidades que, en principio, deberían actuar con base en criterios de interés público más allá de ventajas comerciales. Su estatus de concesionarios los obliga a privilegiar el derecho ciudadano a la información y mantener una postura neutral.
Es pues urgente que partidos y sociedad civil exijan desde ahora apertura a concesionarios durante el tiempo que resta de la campaña. Hacia el futuro, la solución es impulsar la aprobación de una ley para eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad oficial, como lo mandató la Suprema Corte en 2021. Ello es clave para preservar el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y, por ende, una precondición para una democracia sana y funcional.
Alejandro Aurrecoechea Villela
Consultor en asuntos públicos y riesgo político
