La lista de famosos acusados de evasión de impuestos es España es larga. Muchos extranjeros, en especial latinos, que han amasado fortunas mientras viven en ese país, han sufrido las consecuencias de no declarar todos sus ingresos a Hacienda.
La imagen de Shakira saliendo del juzgado vestida de rosa, luego de haber reconocido el delito y acordado el pago de 7 millones de euros, más una multa de 432.000 euros para no ir a prisión, le dio la vuelta al mundo.
Otras figuras colombianas también han tenido que asomarse por los tribunales de la Fiscalía, la Agencia Tributaria o la Generalitat de Cataluña. James Rodríguez y Radamel Falcao García fueron acusados por los mismos delitos: evasión tributaria y fraude fiscal.
Rodríguez defraudó 6,35 millones de euros, pero con la sanción y los intereses, la multa llegó a 11,65 millones, aunque la Hacienda española explicó en su momento que no se le consideró como un delito fiscal, sino que simplemente no tributó correctamente. Esto ocurrió en 2018.
Falcao también se declaró culpable en 2017 y tuvo que pagar 6,9 millones de euros. En su caso, se salvó de la cárcel porque la condena fue a 16 meses de prisión, pero en España, las condenas menores a 24 meses son excarcelables.
Lionel Messi, Javier Mascherano, Dani Alves (quien además acaba de ser condenado por violación) también fueron condenados en las mismas circunstancias.
Pero, ¿por qué tantos famosos caen en los mismos problemas tributarios?, y ¿por qué son tan exitosos los procesos de la Hacienda española?
El fisco español tiene muchos dientes. Desde 2021 esta entidad cuenta con 26.320 investigadores dedicados a prevenir y luchar contra el fraude y la evasión fiscal, y anteriormente tuvo máximos de 28.000 investigadores.
En el caso de Shakira, por ejemplo, realizó una minuciosa investigación en la que se entrevistó con vecinos, rastreó sus imágenes en redes sociales, chequeó los gastos de sus familiares en Barcelona, sus pagos en peluquerías, o incluso en la clínica donde controló su embarazo, para demostrar que en aquellos años ya residía en la ciudad.
En 2021, España lanzó la Ley Antifraude y anunció que “para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular de los contribuyentes que figuran en el registro como contribuyentes extranjeros, la Agencia Tributaria llevaría a cabo un proyecto que utilizaría nueva información sobre los contribuyentes obtenida con arreglo a diversas normas internacionales. Entre ellas, destacan la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por su sigla en inglés) y el Common Reporting Standard (CRS)”, tal como lo reseñó entonces el diario El País.
El objetivo de dicho proyecto era que los datos fiscales de por lo menos el 85% de los contribuyentes extranjeros registrados, de cuales la Agencia Tributaria hubiera recibido información en 2019, se verificaran a lo largo de ese año, con un exhaustivo análisis de riesgos.
Pocos meses después de ese anunció, Hacienda lanzó 6.591 investigaciones tributarias para detectar actividades no declaradas.
Así que esto no es un asunto que solo ocurra con famosos, sino que sucede con ciudadanos de todo tipo, y la investigación recae en especial en los extranjeros.
Además, las normas en España son más restrictivas que en la mayoría de países latinoamericanos. Por ejemplo, el uso del efectivo, de cheques u oro está limitado a pagos de máximo 1.000 euros o su equivalente en cualquier otra moneda, eso serían unos 4,3 millones de pesos colombianos.
Las multas por pagar más de 1.000 euros en efectivo son de 2.500 euros, y todo lo que supere ese tope debe ser abonado con tarjeta de crédito o débito, y de inmediato se crea un registro rastreable. Mejor dicho, el ciudadano paga y la Agencia Tributaria se entera.
Hacienda tiene la potestad de investigar todas las operaciones que superen los 3.000 euros o aquellos en los que se paguen en efectivo con billetes de 500 euros.
España no es el único en aplicar límites al efectivo, Francia acaba de igual ese tope, que antes estaba en 3.000 euros. En Italia el límite es de 3.000 euros y en Alemania estudian implementar una restricción a los 5.000 euros.
