¿Ortega allana su camino para ser juzgado por la justicia internacional? Esto dicen analistas – La Prensa Nicaragua

La demanda que presentó Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Alemania por supuesta violación a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, establecida en Ginebra en 1949, ha abierto la puerta para que otros países puedan también presentar una demanda en contra del régimen, consideran analistas.

Sin embargo, aclaran que esta no es una tarea sencilla ni mucho menos rápida, pues el mismo Ortega también ha movido sus fichas para no ser alcanzado por un tribunal. El régimen nicaragüense ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad a raíz de la represión en contra de las protestas pacíficas de 2018.

El abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, detalla que con el caso concreto de privación de nacionalidad de 317 personas por parte del régimen, este puede ser llevado ante la CIJ.

“Esto contraviene en las obligaciones del artículo 8 y artículo 9 de la Convención para la Eliminación de los Casos de Apatridia de 1961, que el propio Daniel Ortega suscribió. De manera tal que cualquier país podría demandar a Nicaragua por su incumplimiento con estas obligaciones que implican, entre otras cosas, no privar a personas de su nacionalidad”, explica.

Con su demanda en contra de Alemania, el régimen de Ortega busca establecer un precedente, considera Pineda, pues si Nicaragua llegara a ser demandada por algún otro estado, Ortega continuará con su discurso retórico de agresión e injerencia contra Nicaragua.

“Es para después decir que es una represalia, que es un acto de injerencia por sus acciones. Yo creo que por ahí va el tema, además de su lealtad con Rusia”, indica el especialista, quien agrega que la denuncia de Nicaragua es parte de una guerra de baja intensidad que ha iniciado Rusia para hacer quedar mal a muchos actores internacionales como la CIJ y Alemania.

Nicaragua reconoce jurisdicción de la CIJ

En su demanda ante la CIJ, Nicaragua señala que “Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israelsabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional” en la guerra que se lleva a cabo contra Hamás en la Franja de Gaza.

Por otro lado, Nicaragua también señaló al gobierno alemán de cortar la asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés), que es la principal agencia encargada de entregar ayuda a los territorios palestinos ocupados.

“Con sus acciones y su omisión, Alemania ha incumplido sus obligaciones como parte de numerosas convenciones relativas al derecho de los conflictos armados y de la Convención sobre el Genocidio de 1948, así como sus obligaciones bajo normas imperativas del derecho internacional consuetudinario”, se lee en la demanda interpuesta por Nicaragua.

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A inicios de enero, el régimen de Ortega presentó una solicitud ante la CIJ para que sea autorizada su intervención en el caso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por presuntamente cometer genocidio en la Franja de Gaza.

El exdiputado y analista político Eliseo Núñez señala que, con todas estas acciones ante la CIJ, “Nicaragua está reconociendo esa jurisdicción para ese tipo de delitos”. De igual manera, el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, indica que el régimen de Ortega siempre ha reconocido a la CIJ y es en ese tribunal internacional donde se han llevado a cabo los conflictos limítrofes contra Costa Rica y Colombia, de manera que, si Nicaragua recibiera una denuncia en su contra, esta deberá responder.

Sin embargo, el abogado Uriel Pineda, explica que se deben hacer diferencias importantes entre la CIJ y la Corte Penal Internacional (CPI) para que no se creen “expectativas inadecuadas” sobre el alcance que puede tener la CIJ en una posible demanda contra Nicaragua.

La CIJ es un órgano jurisdiccional del Naciones Unidas que conoce sobre controversias entre países, mientras que la CPI sí tiene la capacidad de establecer responsabilidades individuales a funcionarios sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y demás delitos.

Por separado, Morazán también indica que, antes de presentar una demanda “hay que hacer la diferencia en si se persigue a los Estados como personas jurídicas o si se persigue a los individuos que cometieron los crímenes como personas naturales”.

¿Qué hace falta para demandar a Nicaragua?

El analista político Eliseo Núñez señala que, para que un país pueda demandar a Nicaragua ante la CIJ se necesita “respaldo político interno para iniciarlo, porque en las democracias, que serían las posibles demandantes, este tipo de juicios requieren de consenso porque deben ser sostenibles más allá del gobierno que la inicia”.

Uno de los gobiernos que ha tenido consenso tanto por la parte gubernamental, como por sus detractores, ha sido el de Estados Unidos, pues tanto demócratas como republicanos se han unido en distintos momentos para condenar, sancionar y aplicar leyes contra el régimen de Ortega.

Sin embargo, Núñez menciona que es muy difícil que Estados Unidos pueda iniciar un proceso en contra de Nicaragua. “Estados Unidos no tiene tradición de usar la Corte Internacional para ningún tipo de casos”, comenta.

En caso de que algún otro Estado decida llevar a Nicaragua ante la CIJ por crímenes de lesa humanidad, Pineda advierte que, “lo que haría la Corte Internacional de Justicia es determinar la responsabilidad del estado de Nicaragua por el incumplimiento de la obligación internacional, y no así la responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad”.

Pineda también detalla que el problema con la Corte Penal Internacional es que Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma, y por tanto no reconoce su jurisdicción.

Por otro lado, el jurista señala que sí hay una vía para que la Corte Penal Internacional pueda actuar sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y es que el caso sea enviado a esta Corte desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, en ese Consejo de Seguridad, Ortega tiene a dos grandes aliados como Rusia y China, los cuales pueden vetar cualquier acción encaminada a judicializar al dictador nicaragüense.

“No es gratuito el servilismo de Ortega con Rusia y eso es importante decirlo. Tiene un sentido práctico porque la Corte Penal Internacional es la única instancia que determinaría la responsabilidad individual de Daniel Ortega y sus secuaces”, expone el especialista.