Emular el modelo nórdico para atajar la prostitución. Criminalizar a los puteros y sancionarles económica y penalmente. Es lo que ha pedido la Eurocámara a los 27 con la aprobación por 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones de un informe que apuesta por el camino abolicionista de la prostitución, aunque no tiene efectos legislativos porque la competencia de esa regulación la ostentan los estados miembros.
Una de las claves del informe es que pide sancionar a los clientes de la prostitución al tiempo que se descriminaliza a las personas que la ejercen porque no lo hacen libremente en la inmensa mayoría de los casos. “Pide a los Estados miembros que garanticen que se castigue como infracción penal el hecho de solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración, la promesa de una remuneración, el suministro de un beneficio en especie o la promesa de tal beneficio”, recoge el texto.
Las impulsoras son conscientes de que eso no basta y que hay que crear una red de apoyo a las mujeres que se encuentran en esa situación a través de “programas de salida” que pasan por dotar económicamente a esas partidas que no deberían estar condicionadas al abandono de la actividad, según explica la redactora del informe. A su juicio, las ayudas económicas son la fórmula para evitar que el castigo de los puteros les lleve a situaciones de mayor marginación en el ejercicio de la prostitución, que es uno de los argumentos de los detractores de la iniciativa porque consideran que criminaliza a las mujeres.
¿Haría más poderosos a los puteros?, le preguntaron los periodistas a Amelia Tiganus, superviviente de la prostitución, escritora y feminista. “Considero lo contrario. Las mujeres son sujeto de derecho y tendrían que tener acceso a acudir a las instituciones a ejercer sus derechos”, respondió ella, que se refirió a la necesidad de acceder a ofertas laborales, salidas profesionales o partidas presupuestarias.
“No está permitido comprar el cuerpo de una mujer”, resume la socialista alemana Maria Noichl, que sostiene que quienes ejercen la prostitución parten de la desiguladad y la precarización. “No es normal decir: yo podría ser una cartera o una prostituta”, argumenta en contra del criterio de algunos grupos que defendieron el concepto de “trabajadoras sexuales”.
“La prostitucion no es un empleo.Como responsables políticos, pero también como miembros de la sociedad no tenemos que cerrar los ojos ante el sufrimiento de las personas que sufren la prostitucion”, argumentó la portavoz del PP en el debate: “Espero que los estados miembros hagan todo lo posible para sacar a las personas prostituidas de esta indignidad”. “El modelo nórdico es el nuestro”, apuntaló la balear Rosa Estaràs.
División en los grupos
“Tendríamos que haber escuchado a quienes libremente eligen este trabajo”, defendió la portavoz de los liberales de Renew, que consideró que el informe debería haberse “centrado en los derechos humanos y la salud sexual” por lo que pidió el voto en contra del informe.
El texto ha salido adelante con bastantes brechas dentro los grupos. La gran mayoría del PPE y de los socialistas han votado a favor mientras que los los liberales de Renew (entre ellos Ciudadanos) y los verdes han votado en contra, al igual que la mayoría de ECR (pero Vox se ha abstenido).
La división también ha sido palpable en Los Verdes. “Queremos hacer todo lo posible que la UE pueda luchar contra la explotación sexual, pero no queremos ir tan lejos como para decir que todo tipo de trabajo sexual sea violencia de género”, estableció la portavoz, Terry Reintke. Sin embargo, su colega Alice Kuhnk, portó durante el debate una camiseta en la que se leía “Yo estoy con las supervivientes” y reclamó el ‘sí’ para el informe.
La eurodiputada de ERC (también parte de los verdes) Diana Riba, que votó en contra del informe, ha secundado una posición minoritaria -un procedimiento permitido en la negociación de los textos de la Eurocámara- en la que defiende que rechaza el uso de términos como “prostitución” al entender que “denotan juicios de valor, contienen connotaciones de criminalidad e inmoralidad, y estigmatizan a una comunidad marginada”. “Las personas que venden servicios sexuales prefieren el término «trabajadores del sexo» porque el uso de «prostituta» contribuye a su exclusión de la sociedad, también en lo que atañe al acceso a servicios sanitarios, jurídicos y sociales”, señala la disconformidad.
Las supervivientes: “Comprar sexo es un acto de violencia”
“Una relación sexual no puede ser objeto de un contrato laboral ni aun cuando exista consentimiento porque supone siempre una violación de la libertad sexual”, argumentó María Eugenia Rodríguez Palop, de Sumar (The Left). El eurodiputado de los verdes y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha abstenido.
La apuesta de la Eurocámara va en la línea de la ley impulsada por los socialistas en España (avalada por el PP y que dividió a Unidas Podemos), pero que ha caído en saco roto por el adelanto electoral. Y la división, dentro de las fuerzas de izquierdas, ha sido la misma que se dio en España, donde Unidas Podemos y ERC se desmarcaron de esa posición.
“Comprar sexo es un acto de violencia”, contrapuso en una rueda de prensa Saga Brodersen, superviviente de la prostitución y al frente de la organización ‘No tu puta’ en Suecia. “No podemos seguir pensando que las mujeres existimos para que los hombres eyaculen. Pretendemos poder disfrutar de nuestra sexualidad para gozar con los mismos fines que los hombres cuando erotizan la violencia hacia las mujeres”, sentenció Amelia Tiganus.
