Ley de transparencia, acceso masivo a la universidad, y más noticias – La Joven Cuba
Nuevas leyes sobre transparencia y procedimientos administrativos
Fue noticia esta semana la presentación de dos proyectos de ley, la de procedimiento administrativo y la de los tÃtulos y condecoraciones de la República de Cuba.
Ambos textos quedaron disponibles en el sitio web de la Asamblea Nacional y también se habilitó un correo electrónico para que la ciudanÃa remita sus opiniones.
La primera de las leyes mencionadas ha recibido, por su contenido, especial atención de los medios oficiales.
El «procedimiento administrativo» aparece definido en el texto como las «fases y actos de carácter formal que debe cursar y realizar la administración pública para el ejercicio de las funciones y potestades que tiene atribuidas».
Se trata, en resumen, de regular los pasos para tomar decisiones administrativas.
Cubadebate explica que la nueva ley definirá acciones institucionales con gran significación para las vidas de la ciudadanÃa. Pone dos ejemplos: «las solicitudes de licencia de construcción que realizan los ciudadanos a las direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo» y «cuando solicita un propietario el cese de convivencia de alguna persona que vive en su casa, ante las direcciones municipales de la vivienda».
Esta ley viene a resolver la diversidad de procedimientos actuales, que dependen de las distintas instituciones. Con la uniformidad de procedimientos aspiran a garantizar «la seguridad jurÃdica» y «el conocimiento de las personas sobre los procedimientos a los que se someten en sus relaciones con la administración pública, en situaciones donde se encuentran en juego importantes derechos».
También fue presentado el Proyecto de Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública la cual deberá regular el derecho ciudadano a acceder a la información y el deber de las instituciones a ser transparente. El instrumento estaba propuesto originalmente para 2021 y ha sido pospuesto en reiteradas ocasiones hasta la actualidad. El organismo encargado de garantizar su cumplimiento será el Ministerio de Ciencia, TecnologÃa y Medio Ambiente (CITMA).
La ley considera información pública «aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, asà como las personas naturales y jurÃdicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos».
Asimismo, se consideran como «sujetos obligados» a brindar información: «los órganos superiores del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas y adscriptas; las entidades provinciales y municipales y otras entidades y empresas nacionales».
El instrumento exige a los «sujetos obligados» a elaborar «guÃas que contengan información» sobre diferentes aspectos entre ellos: resúmenes de informes de balance, los presupuestos y su ejecución anual, e informes de rendición de cuenta sobre el ejercicio de las funciones de la organización.
En adición, la ciudadanÃa podrá «acceder y consultar la información pública» de las instituciones antes mencionadas y, cuando no se encuentre transparentada, podrán solicitarla, y estas están obligadas a responder.
Se consideran excepciones al acceso a la información pública «la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación para: la soberanÃa, defensa y la seguridad nacional; los datos personales; un procedimiento judicial o administrativo en trámites; los derechos de propiedad intelectual; la confidencialidad de datos comerciales; y el medio ambiente».
Esto significa un escalón muy importante en el proceso de regulación del paÃs a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2019.
Como viene siendo tradición con algunos proyectos de ley, la Asamblea Nacional está abierta a sugerencias y correcciones a través del correo [email protected] . Esta polÃtica siempre será oportuna, sobre todo porque, en muchos casos, hay evidencias de que las opiniones enviadas tanto por expertos ajenos al Parlamento, como por ciudadanos comunes, son leÃdas por los redactores; su incorporación depende más de la «viabilidad» o de que no entre en contradicción con los intereses de la clase dirigente.
Opinamos que la Ley de Procedimiento Administrativo va a facilitar muchÃsimo, no sólo las necesidades ciudadanas, sino la propia operatividad de las entidades y organismos. En el sistema disperso que rige hasta ahora, no es raro llegar a oficinas que remiten a otras oficinas o que no logran explicar claramente la dimensión de los procesos.
Esta unificación habÃa demorado un poco. Es indispensable para que las rutinas administrativas funcionen con un estándar aceptable. Se trata de actos legales cotidianos que deberÃan ser facilitados, nunca obstaculizados por satisfacer a la mentalidad burocrática.
Por su parte, la Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública si bien intenta resolver una vieja deuda con la ciudadanÃa, su carácter sumamente generalista puede diluir muchos de los derechos enunciados.
Por ejemplo, el documento no se refiere especÃficamente a la información recopilada por organismos clave como la Oficina Nacional de EstadÃsticas e Información (ONEI), la cual, si bien hoy brinda de forma pública y transparente alguna información, vela otras como la resultante de la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares.
Tampoco queda claro si centros de investigación que hacen encuestas masivas sobre opinión polÃtica âutilizando presupuesto públicoâ como el Centro de Estudios SociopolÃticos y de Opinión (CESPO) están obligados a publicar el resultado de sus investigaciones.
Además, el proyecto no considera como «sujetos obligados» a funcionarios de alto nivel como el presidente de la República o los gobernadores provinciales. Por tanto, estos no están obligados a transparentar información acerca de sus propiedades o ganancias; algo que se considera como una buena práctica en la polÃtica contemporánea.
Por último, el instrumento legal no prevé un organismo encargado únicamente del cumplimiento de la ley, como ha sido también una buena práctica en la polÃtica contemporánea con el surgimiento de Ministerios o Institutos Nacionales de trasparencia. El CITMA deberá supervisar y controlar, pero genera bastante incertidumbre si algo tan importante y polémico puede dejarse a una función más dentro de un Ministerio, sin una estructura clara creada para estos fines.
Universidades más accesibles ¿derecho a la educación o solución desesperada?
Fue noticia el polémico esquema de otorgamiento de carreras universitarias para este año.
Incluso quienes no hayan aprobado los exámenes de ingreso o no se hayan presentado, tendrán derecho a los estudios de nivel superior, informó el Ministerio de Educación (Mined) y replicó en sus redes sociales el Ministerio de Educación Superior (Mes), donde se generó la polémica.
La nota dice que «El otorgamiento de carreras será igual al del pasado año. Hay carreras y técnicos superiores para todos los jóvenes que deseen ingresar a la Universidad».
En la postal que acompañaba el post se indicaba que la prioridad para conceder las carreras será primero a los estudiantes aprobados en las pruebas de ingreso âlos cuales se ordenan por los resultados obtenidos en estas y el promedio que traÃan durante los tres años de bachilleratoâ, luego a estudiantes suspensos, después a estudiantes de preuniversitario que no se presentaron a examen y por último a estudiantes de otras modalidades de enseñanza.
La tendencia a simplificar la entrada a la enseñanza universitaria ya tiene varios años. Una nota publicada en Juventud Técnica informó que sólo las carreras de Periodismo, Relaciones Internacionales y las que se estudian en la Universidad de las Artes requieren un examen de aptitud. «Los aspirantes deben presentarse a las pruebas de aptitud y, si son seleccionados, se les otorgará la carrera directamente, sin necesidad de realizar los exámenes de ingreso».
La publicación también afirmaba que para el próximo curso escolar «se modificarán estas caracterÃsticas especiales que han marcado el proceso de ingreso en estos últimos años», sin adelantar cómo. Concluye diciendo que «se ha demostrado que aprobar los exámenes de ingreso prepara a los estudiantes para obtener buenos resultados durante la nueva etapa de estudios».
Esto significa que el Estado cubano, ante la urgente necesidad de profesionales, ha flexibilizado cada vez más el acceso a las universidades.
Esto ha traÃdo opiniones encontradas, algunos celebran la posibilidad de expandir el derecho a estudiar en las universidades y otros expresan su preocupación por que la disminución de requisitos repercuta en futuros universitarios menos preparados.
Un artÃculo de la exprofesora universitaria Yadira Albet en La Joven Cuba evalúa como las circunstancias económicas familiares, la raza o la edad, han influido históricamente en el ingreso a las universidades, a pesar de las polÃticas de acceso amplio.
La articulista se refiere también a los repasos privados y afirma que «en los casos en que la cobertura profesoral sea deficitaria y la calidad de la enseñanza y de la preparación docente no sean óptimas, estos repasos son prácticamente la única oportunidad de obtener resultados de moderados a buenos en el nivel. Este fenómeno refleja la brecha de desigualdad entre las familias con más recursos económicos y aquellas que tienen una ardua tarea para sostenerse».
Nuestra opinión es que esta flexibilización no responde a una voluntad de ampliar un derecho, sino a un intento desesperado de llenar las aulas que formarán a los futuros profesionales, en un paÃs con un altÃsimo éxodo de jóvenes, y muchos otros que no ven los beneficios de estudiar cuando los puestos más calificados no son necesariamente los más remunerados.
En cuanto a la polémica generada sobre la calidad de la enseñanza. Aprobar un examen de Matemática, Español e Historia de Cuba, que por demás reproduce un enfoque mecánico y memorÃstico del conocimiento, apenas confirma la disposición para el estudio con el objetivo de ingresar en la enseñanza superior. No es un filtro preciso, mucho menos garante de calidad en el futuro universitario.
La calidad de los aspirantes y futuros profesionales deberÃa garantizarla los centros educativos en los que se forman, que no están exentos tampoco de la crisis que vive el paÃs, en la cual la educación ha sido uno de los sectores más golpeados.
Por ahora, parece que las aulas universitarias se llenarán, quedará por cuántos de los estudiantes que ingresan terminarán los estudios, cuántos permanecerán en el paÃs luego de esto, y cuántos cubrirán la demanda de empleo en instituciones y empresas estatales. Mientras los salarios no sean capaces de garantizar la reproducción de la vida, es posible que muy pocos cumplan esta última condición.
Evasión fiscal y delitos administrativos
Fue noticia la preocupación gubernamental sobre la evasión fiscal y los delitos administrativos. Esos temas fueron tratados en una reunión del grupo de trabajo estatal para la «prevención de delitos e ilegalidades», presidido por el primer ministro Manuel Marrero.
Según informaron los medios oficiales, la declaración jurada sobre ingresos personales concluyó con el 99.2% de presentación, lo que significa su más alto cumplimiento histórico.
Por otra parte, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) efectuó más de 9 mil acciones de control fiscal y estableció deudas pendientes por más de 336 millones de pesos.
Hasta la fecha, informó Mary Blanca Ortega, jefa de la Onat, se han presentado 194 informes de denuncias de evasión fiscal.
Sobre los delitos ocurridos en establecimientos del Estado, Marrero consideró:
«No se logra un enfrentamiento administrativo eficaz en fábricas, almacenes, donde nacen, en la mayorÃa de los casos, los problemas. Persisten las insatisfacciones de la población, lo que evidencia que aún es insuficiente el trabajo. Hay que intensificar las acciones, principalmente las preventivas».
Esta semana también fue noticia la condena del director municipal de Comercio de Sancti SpÃritus a ocho años de privación de libertad por los delitos de «actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación», a raÃz de una auditorÃa a la empresa municipal de Comercio que «puso la lupa en la compra y venta de 42 000 unidades de refresco marca Pool âcon fecha de vencimiento cercanaâ, adquiridas por la entidad a una mipyme de Pinar del RÃo».
La inspección detectó que el sancionado desoyó las recomendaciones de un especialista de la entidad «quien detectó omisiones e irregularidades en la relación contractual iniciada con la mipyme», también «falsificó dos actas del Comité de Contratación y Compra; en papeles, este órgano sesionó».
Lo ocurrido ocasionó pérdidas a la entidad estatal de «3 241 860 pesos, al dejarse de vender 22 830 refrescos». También, presuntamente, implicó riesgos para la ciudadanÃa al violar lo establecido por el Centro Provincial de Higiene, EpidemiologÃa y MicrobiologÃa para la venta del producto adquirido pues «esos establecimientos continuaron su expendio del refresco a cuenta y riesgo».
Por la información aportada al diario Escambray el funcionario estableció una relación clientelar con el dueño de la mipyme para beneficio mutuo. Sin embargo, no se habla de las consecuencias de este hecho para su contraparte en el sector privado.
Esto significa, si bien la evasión fiscal va siendo un problema más controlado, los delitos administrativos parecen estar desbocados, a pesar de las sanciones que ha aplicado el gobierno a muchos imputados en los últimos meses.
Nuestra opinión es que, incluso con los múltiples dispositivos que tienen las autoridades para controlar la corrupción, estos delitos no disminuirán fácilmente en medio de la actual crisis.
El propio discurso oficial admite habitualmente que están lejos de poder resolverlo. La respuesta más simple son los procesos penales, pero no hay que perder de vista que, más allá del efecto disuasorio de las condenas, el problema de base sigue intacto: un paÃs en crisis económica con administradores acostumbrados a los desvÃos de recursos y a establecer relaciones clientelares entre pares.
No basta con la fiscalización, aunque sea decisiva. Hay que cambiar un modelo de administrar más habituado a «resolver» que a crecer, coherentemente, con la mirada puesta en obtener beneficios de origen honesto para todos los trabajadores.
La corrupción seguirá siendo parte indivisible del sistema polÃtico cubano mientras el mercado informal siga siendo esencial en la economÃa doméstica, los trabajadores y directivos de empresas estatales e instituciones públicas reciban salarios muy por debajo de la canasta básica alimentaria, y los mecanismos de transparencia y control popular sean tan indirectos que prácticamente se anulen.
Un nuevo virus
También fue noticia la inesperada llegada a Cuba del virus de Oropouche.
Lo informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en una nota oficial publicada esta semana. Los primeros casos se reportaron en los municipios de Songo la Maya y Santiago de Cuba.
El Minsap explicó que «no existe un tratamiento especÃfico, sólo medidas generales para aliviar los sÃntomas».
Francisco Durán, director nacional de EpidemiologÃa en el Minsap, dijo en la televisión que se habÃan reportado casos también en Cienfuegos.
El cuadro clÃnico incluye fiebre, dolores de cabeza y musculares. PodrÃan presentarse vómitos y diarreas.
El nuevo virus ya está circulando por otros paÃses latinoamericanos.
Esto significa un nuevo desafÃo para la salud pública cubana en medio de la actual crisis de servicios médicos.
Se trata de una infección viral que no presenta graves complicaciones para la vida, aunque ha sido relacionada con raros casos de meningoencefalitis.
Opinamos que Cuba se ha distinguido por la capacidad de reaccionar contundentemente ante epidemias, pero ahora mismo el sistema de salud tiene esas facultades muy limitadas.
Cualquier epidemia compromete la funcionalidad el sistema de salud cubano en la situación en que se encuentra actualmente, incluso en materia de recursos humanos. Por ahora el virus no presenta un gran desafÃo como sà lo fue la covid-19, no obstante, es necesario estar alertas.
Electricidad vs ciclones
Además, fue noticia la suspensión del Ejercicio Popular Meteoro 2024, una gran operación anual concebida para que los territorios se preparen, evaluando riesgos y trazando estrategias, frente a la temporada ciclónica.
La escueta nota oficial de la Defensa Civil avisa que ya se cumplieron «las actividades planificadas para la reducción de riesgo y se actualizaron los planes y las medidas previstas para disminuir las vulnerabilidades en todos los organismos y territorios del paÃs»
Al cierre, las autoridades dejan claro que «Esta decisión permitirá, además, mantener el esfuerzo que despliega el paÃs en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional».
Esto significa que la crisis actual está obligando al gobierno a repensar estrategias y programas habituales, y tomar decisiones a partir de las prioridades reales.
Opinamos que se agradece que las urgencias se pongan por encima de los hábitos. El Ejercicio Meteoro se ha convertido en una rutina anual que en algunos territorios puede resolverse con acciones concretas.
La emergencia eléctrica del paÃs tiene una significación económica y polÃtica que supera cualquier otro problema, por tanto, es correcto concentrar la mayor cantidad de recursos para resolverla.
A pesar de ello, este año la temporada ciclónica se anuncia muy activa, por tanto, serÃa útil transparentar mejor cuáles fueron esas «acciones», qué riesgos aún existen y qué se hará para compensar la cancelación del ejercicio en los territorios más vulnerables.
Falleció la actriz Corina Mestre
Por último, fue noticia este 1 de junio la muerte de la actriz y profesora Corina Mestre.
A su muerte reaccionó incluso el presidente Miguel DÃaz-Canel: «Me duele profundamente la muerte de mi fiel amiga, colaboradora, maestra y patriota».
En redes sociales el fallecimiento de la destacada actriz y profesora trajo opiniones encontradas, sobre todo por su activismo polÃtico e ideas abiertamente a favor del sistema polÃtico en la Isla.
Varios de sus estudiantes, algunos incluso con posturas muy crÃticas hacia el gobierno cubano, celebraron la capacidad de entrega de Corina y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de actores y actrices.
El actor conocido en redes como Danielito Tri Tri escribió «mucha luz a la profe Corina. Nuestra relación siempre fue tensa, como con muchas personas. Sobre todo la recuerdo con una pasión auténtica por la ENA, por sostener la calidad y el rigor en la escuela, y por las inolvidables experiencias de giras artÃsticas por barrios de Pinar del RÃo. Madre controladora y a veces autoritaria, pero madre al fin, sostuvo una utopÃa: la de la enseñanza artÃstica en Cuba».
Por el contrario, otros influencers y activistas de la oposición destacaron su presunto autoritarismo. Algunos incluso celebraron abiertamente su muerte y publicaron chistes relativos a su forma fÃsica, esto último ciertamente vergonzoso.
La Joven Cuba lamenta la muerte de Corina Mestre cuya huella en la cultura cubana va más allá de su postura polÃtica o sus actitudes, también ofrece sus condolencias a quienes la estimaron y disfrutaron de su arte.
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