El importante papel de los operadores en las multas por ver el fútbol por IPTV y su lealtad total a LaLiga de Javier Tebas – Computer Hoy
Tal y como ya se comentó hace unos días, LaLiga ha iniciado una campaña contra los usuarios que han accedido a plataformas de fútbol pirata. La organización está enviando cartas certificadas a estos, exigiéndoles el pago de una indemnización de 450 euros si no quieren consecuencias aún peores.
Contextualizando, en febrero-marzo de 2024, obtuvo una autorización judicial que le permite solicitar a los operadores —como Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi— información personal de los clientes que han accedido a servidores IPTV piratas desde su conexión a internet, un movimiento que desde luego no ha estado exento de crítica debido a la violación de privacidad que supone. Sin embargo, un tribunal local aclaró que los espectadores finales no serían objetivo.
En este caso se especificó que la autorización de LaLiga no se centraba en los espectadores, sino en quienes compartían ilegalmente las tarjetas para distribuir la señal de TV —cardsharing—. El tribunal aclaró que las medidas legales solo podían dirigirse contra quienes redistribuyen la señal y no contra los usuarios finales.
Entonces, ¿cómo es posible que LaLiga les esté persiguiendo si los tribunales dijeron que no lo harían? La respuesta está en la cooperación entre LaLiga y los ISP españoles. La teoría es que esta ha dado a los ISP las direcciones IP de los servidores piratas y estos han rastreado a sus usuarios que accedieron a esos servidores. Luego, los ISP habrían entregado los datos personales de los usuarios a LaLiga, permitiéndole enviar las cartas de reclamación.
Una situación que no está dejando a nadie indiferente
En esa mediática carta, que David Maeztu, abogado especializado en propiedad intelectual comenta en X, se informa de que, según la información proporcionada por su proveedor de internet, se ha detectado que desde su red doméstica se ha realizado una conexión a una plataforma pirata que retransmitía fútbol. La carta detalla la dirección IP del usuario, la del servidor pirata y los partidos específicos que se han visto.
Aquí el punto clave es que todo este lío va en contra de las garantías judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo explícitamente que los usuarios finales no serían objetivo. Además, no se puede negar que es una clara forma de extorsionar a los usuarios. Al final, amenazan con acciones legales si los usuarios no pagan, incluso si no hay pruebas claras de infracción.
Por último, y desde luego lo más importante, no está 100% claro cómo los ISP obtienen las direcciones IP de los usuarios que acceden a servidores específicos. Es posible que estos datos no sean correctos.
Teniendo todo esto en cuenta, parece muy necesario que los ISP expliquen claramente cómo se está llevando a cabo este proceso, pero sobre todo cuál es su papel en él. Las multas de 450 euros pueden parecer una medida disuasoria para estos usuarios, pero parece aún más importante entender cómo se están obteniendo y utilizando los datos de los usuarios.
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