Grupo internacional de derechos humanos reprende a Nicaragua por trato dado a pastores injustamente encarcelados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió urgentemente que el gobierno de Nicaragua salvaguarde la vida y la salud de 11 pastores y líderes ministeriales que fueron arrestados por razones legales cuestionables. La decisión surge tras una petición presentada por el grupo de defensa legal ADF International, que ha llamado la atención internacional sobre su difícil situación.
Estos líderes religiosos fueron sentenciados a largas penas de prisión que van de 12 a 15 años y multados con más de 80 millones de dólares cada uno por cargos de lavado de dinero, dijo el grupo en un comunicado. declaración.
La asesora jurídica internacional de ADF, Kristina Hjelkrem, expresó su gratitud por la rápida acción de la Comisión, que refleja la gravedad de la situación. “Ninguna persona debería ser encarcelada o castigada por su fe, pero eso es exactamente lo que les pasó a estos líderes religiosos. Es nuestra oración que las autoridades nicaragüenses defiendan los derechos humanos y la dignidad de estos pastores, y que sean liberados de su injusto encarcelamiento”.
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Los arrestos se derivaron de una ofensiva de diciembre de 2023, cuando la policía nicaragüense acusó a estos individuos de utilizar su organización religiosa, Puerta de la Montaña, como fachada para el lavado de dinero. Esta rama de Mountain Gateway Ministries con sede en Estados Unidos ha participado activamente en grandes campañas evangélicas en toda Nicaragua, atrayendo supuestamente a más de un millón de personas.
El juicio, que desembocó en duras sentencias en marzo, se desarrolló a puerta cerrada y se caracterizó por una notable falta de pruebas creíbles, según los observadores. El ministerio y sus partidarios negaron con vehemencia las acusaciones y dijeron que sus operaciones eran legales y transparentes.
En enero, Mountain Gateway dijo que los fiscales creían que los pastores nicaragüenses estaban bajo la dirección de Jon Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, todos ciudadanos estadounidenses, y los nicaragüenses Walner Omier Blandón Ochoa y Maricela de Fátima Mejía Ruiz.
“Aunque el gobierno de Nicaragua dice que los pastores son inocentes, han estado encarcelados durante más de un mes sin representación legal ni contacto con sus familias”, afirmó Mountain Gateway en ese momento. El ministerio agregó que desde entonces el gobierno ha “permitido el nombramiento de un abogado para representar a los pastores nicaragüenses de Mountain Gateway, pero no ha proporcionado a su abogado los documentos de acusación ni ningún archivo para preparar una defensa”.
Mountain Gateway declaró que siguió diligentemente todos los requisitos legales en los EE. UU. y Nicaragua y que tenía documentación que demostraba que el gobierno de Nicaragua aprobó todos los fondos que ingresaban al país y se aseguró de que se usaran apropiadamente.
Los arrestos son parte de un patrón inquietante de persecución religiosa en Nicaragua.
En un caso aparte, Dom Rolando Álvarez también fue víctima de esta represión. Condenado a 26 años y ahora en el exilio, su caso se considera parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir las voces religiosas disidentes.
Puertas Abiertas también destacó la escalada de la persecución de los cristianos en Nicaragua, especialmente desde las protestas contra el régimen de 2018, la represión gubernamental ha incluido arrestos de líderes cristianos, confiscación de propiedades cristianas y cierre de escuelas, estaciones de televisión y organizaciones benéficas cristianas. Los cambios legales etiquetaron a los líderes de la Iglesia como terroristas y el gobierno buscó controlar las finanzas de la Iglesia.
La respuesta internacional al arresto de los pastores ha sido de alarma y condena.
Los senadores estadounidenses Rick Scott, republicano por Florida, Ted Cruz, republicano por Texas, y los republicanos de Alabama Katie Britt y Tommy Tuberville han expresado abiertamente su apoyo a los pastores encarcelados, instando a la administración Biden a implementar sanciones fuertes y específicas contra los nicaragüenses. gobierno.
De manera similar, el representante Robert Aderholt, republicano de Alabama, encabezó un grupo bipartidista de 58 miembros del Congreso en una carta al embajador de Nicaragua, expresando profunda preocupación por estas violaciones de la libertad religiosa.
